Artículo 1º.- ACTIVIDADES COMPRENDIDAS. El
ejercicio de la actividad aseguradora y reaseguradora en cualquier lugar del territorio de
la República está sometido al régimen de la presente ley y al control de la autoridad
creada por ella.
Artículo 2º.- ALCANCE DE LA EXPRESIÓN SEGURO. Cuando en esta ley
se hace referencia al seguro, se entiende comprendida cualquier forma o modalidad de la
actividad aseguradora, conforme a su definición en el inc. c) del Capítulo Único,
incluido el reaseguro.
SECCIÓN II
EMPRESAS AUTORIZADAS
Artículo 3º.- EMPRESAS QUE PUEDEN OPERAR: Sólo pueden
realizar operaciones de seguros:
a) Las Sociedades Anónimas; y,
b) Las Sucursales de Sociedades Extranjeras.
Artículo 4º.- AUTORIZACIÓN PREVIA. La existencia o la creación
de las sociedades y sucursales indicadas en este capítulo no las habilita para operar en
seguro hasta su autorización por la Autoridad de Control.
Artículo 5º.- INCLUSIÓN DENTRO DEL RÉGIMEN DE LA LEY. La
Autoridad de Control incluirá en el régimen de esta ley y estarán sometidos a ella
quienes realicen operaciones asimilables al seguro cuando su naturaleza o alcance lo
justifique.
Artículo 6º.- SOCIEDADES EXTRANJERAS. Las sucursales a las que se
refiere el Artículo3 inciso b), serán autorizadas a ejercer la actividad aseguradora en
las mismas condiciones establecidas por esta ley para las sociedades anónimas
constituidas en el país.
Artículo 7º.- SUCURSALES EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR. Previa
comunicación a la Autoridad de Control, las aseguradoras autorizadas podrán abrir o
cerrar sucursales en el país y en el extranjero.
SECCIÓN III
CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN PARA OPERAR
Artículo 8º.- REQUISITOS PARA LA AUTORIZACIÓN. Las empresas a
que se refiere el Artículo3º serán autorizadas a operar en seguros cuando reúnan las
siguientes condiciones:
a) Constitución legal: que se hayan constituido de acuerdo con las
leyes generales y las disposiciones específicas de esta ley;
b) Objeto exclusivo: que tengan por objeto exclusivo efectuar
operaciones de seguro, pudiendo en la realización de ese objeto disponer y administrar su
capital y reservas conforme con esta ley. Podrán otorgar fianzas o garantizar
obligaciones de terceros cuando configuren económica y técnicamente operaciones de
seguros;
c) Capital mínimo: que demuestren la integración total del capital
mínimo a que se refieren los Artículos 18 y 19;
d) Que los organizadores y autoridades de la entidad por constituirse
no tengan inhabilidades legales;
e) Planes: que se ajusten sus planes de seguros a lo establecido en los
Artículos 11 y siguientes; y,
f) Sociedades extranjeras: que además de las condiciones exigidas en
el presente Artículo, deberán acompañar los balances de los últimos cinco ejercicios
de la casa matriz, de los cuales surja cuando menos márgenes de solvencia iguales a los
exigidos para las entidades de seguros nacionales.
Cumplidos estos requisitos, la autoridad de control se expedirá dentro
de los noventa días. Transcurridos los cuales sin su objeción, quedarán
automáticamente autorizadas.
SECCIÓN IV
RAMAS DE SEGUROS, PLANES Y ELEMENTOS TÉCNICOS CONTRACTUALES
Artículo 9º.- RAMAS DE SEGUROS. Los aseguradores no podrán
operar en ninguna rama del seguro sin estar expresamente autorizados para ello. Asimismo
deberán reasegurar con empresas nacionales o extranjeras los excedentes de sus
retenciones.
Artículo 10.- PLANES Y ELEMENTOS TÉCNICOS CONTRACTUALES. Los
planes de seguro, así como sus elementos técnicos y contractuales, deben ser registrados
por la Autoridad de Control antes de su aplicación, salvo que se trate de pólizas con
cláusulas de riesgos muy específicos, las que podrán ser registradas luego de la
emisión.
Artículo 11.- NORMAS GENERALES. Los planes de seguro, además de
los elementos que requiere la Autoridad de Control de acuerdo con las características de
cada uno de ellos, deben contener:
a) El texto de la propuesta de seguro y el de la póliza; y,
b) Las primas y sus fundamentos técnicos para la rama vida.
Artículo 12.- REGLAS ESPECIALES PARA LA RAMA VIDA. Los planes de
seguros de la rama vida contendrán además:
a) El texto de los cuestionarios a utilizarse;
b) Los principios y las bases técnicas para el cálculo de las primas
y de las reservas puras, debiendo indicarse cuando se trate de seguros con participación
en las utilidades de la rama o con fondos de acumulación, los derechos que se concedan a
los asegurados, los justificativos del plan y el procedimiento a utilizarse en la
formación de dicho fondo;
c) Las bases para el cálculo de los valores de rescate de los seguros
saldados y de los préstamos a los asegurados; y,
d) Las utilidades de los seguros de la rama vida con participación se
determinarán y pagarán anualmente, pudiendo también ser imputadas a primas futuras o
acreditadas en una cuenta que gozará de un interés del mercado aplicadas al otorgamiento
de beneficios adicionales.
Artículo 13.- PLANES PROHIBIDOS. Están prohibidos:
a) Los planes denominados tontinarios, de derrama y los que incluyan
sorteos; y,
b) La cobertura de caución de riesgos provenientes de operaciones de
crédito financiero puro.
Artículo 14.- PÓLIZAS. El texto de la póliza deberá ajustarse a
los Artículos pertinentes del Código Civil.
Las pólizas de seguros estarán redactadas en forma clara y
fácilmente legible, en idioma español, excepción hecha de las pólizas de seguro
marítimo o aéreo, u otras que la Autoridad de Control autorice sean redactadas en otro
idioma.
Artículo 15.- TARIFAS DE PRIMA. Los aseguradores establecerán
libremente las tarifas de primas que le resulten suficientes para cumplir con las
obligaciones que asuman y su necesaria capacitación económica financiera.
La autoridad de control observará las primas que resulten
insuficientes, abusivas o arbitrariamente discriminatorias.
Únicamente por resolución fundada, la autoridad de control podrá
establecer primas mínimas uniformes netas de comisiones cuando se halle afectada la
estabilidad del mercado.
SECCIÓN V
CONDICIONES FINANCIERAS
Artículo 16.- CAPITAL DE LAS EMPRESAS. El capital de las
empresas de seguros se establecerá conforme al tipo de operaciones que realicen,
dividiéndose en dos grupos:
a) Al primer grupo pertenecerán las empresas que aseguren los riesgos
de pérdida o deterioro de las cosas, pudiendo además cubrir los de garantía y los
riesgos de las personas con coberturas que no requieran la constitución de reservas
matemáticas; y,
b) Al segundo grupo, las que cubren los riesgos de las personas,
garantizando a éstas, dentro o al término de un plazo, un capital, una póliza saldada o
una renta para el asegurado o sus beneficiarios.
No obstante lo dispuesto precedentemente, las empresas aseguradoras de
uno u otro grupo podrán cubrir los riesgos de accidentes personales y los de salud.
Artículo 17.- El capital mínimo requerido para las empresas de
seguros, será el equivalente en Guaraníes a U$S 50 0.000 (Quinientos mil dólares
americanos) por cada grupo.
Artículo 18.- La integración de capitales se hará únicamente en
efectivo y sus reajustes en moneda nacional se harán conforme a las variaciones del tipo
de cambio del dólar norteamericano. Si durante el funcionamiento de la empresa el capital
mínimo se redujese a una cantidad inferior a la establecida, la empresa estará obligada
a complementarlo conforme lo dispone el Artículo35, dentro de los ciento ochenta días
corridos a contar del momento en que la reducción tuvo lugar.
Si así no lo hiciere, se le revocará su autorización de operar.
Artículo 19.- PROVISIONES TÉCNICAS Y RESERVAS MATEMÁTICAS. Las
empresas aseguradoras y reaseguradoras establecidas en el país deberán constituir, de
acuerdo a las normas que fijará la autoridad de control:
1) Provisiones para riesgos en curso por las obligaciones de la empresa
con los asegurados y tienen por objeto hacer frente a los riesgos que permanecen en vigor
al cierre contable de un ejercicio económico;
2) Provisiones para siniestros pendientes de liquidación o pago por
importe equivalente al monto aproximado de los siniestros declarados y aún no
indemnizados;
3) Provisiones para siniestros pendientes de declaración, para hacer
frente a los siniestros ocurridos y aún no comunicados antes del cierre de las cuentas
del ejercicio de dicho año; y,
4) Reservas matemáticas, que son exclusivas del ramo vida y están
destinadas a conseguir un equilibrio futuro entre primas y riesgos. Estas reservas se
constituirán de acuerdo con los procedimientos, tablas de mortalidad, tasas de interés
técnico y otros aspectos que fije la Autoridad de Control, mediante normas de carácter
general.
La modificación o reemplazo de las normas que regulan estas
provisiones técnicas y reservas matemáticas deberá comunicarse a las empresas con
ciento veinte días de anticipación, por lo menos.
Artículo 20.- OPERACIONES PROHIBIDAS. Los aseguradores no podrán:
a) Tener bienes en condominio, sin previa autorización de la Autoridad
de Control;
b) Gravar sus bienes con derechos reales, a menos que se trate del
saldo del precio de adquisición de bienes inmuebles adquiridos en las condiciones que
establezca la Autoridad de Control y con conocimiento de ésta;
c) Emitir debentures ni librar para su colocación letras y pagarés;
d) Descontar los documentos a cobrar de asegurados o terceros, ni
negociar los cheques que reciban, salvo que estos últimos se transfieran mediante endoso
a favor de persona determinada;
e) Hacer frente a sus obligaciones con los asegurados mediante letras o
pagarés propios o de terceros;
f) Efectuar sus pagos mediante cheques al portador, salvo lo que
pudiese disponer la Autoridad de Control respecto del manejo del denominado "Fondo
fijo";
g) Recurrir al crédito bancario por cualquier causa, salvo cuando lo
sea para edificar inmuebles para alquiler o venta, previa autorización en cada caso de la
Autoridad de Control;
h) Otorgar fianzas o garantizar obligaciones de terceros, salvo lo
dispuesto en el Artículo8, inciso b); e
i) Integrar otras sociedades, salvo lo previsto en el Artículo 22 de
esta ley.
Artículo 21.- GASTOS DE INSTALACIÓN U ORGANIZACIÓN. Los gastos
de instalación u organización de una entidad aseguradora serán amortizados dentro de
los cinco años y en una proporción no menor del veinte por ciento anual.
Artículo 22.- INVERSIONES. Las empresas de seguros invertirán
preferentemente en el país su capital, sus reservas matemáticas, provisiones para
riesgos en curso y demás reservas correspondientes a los compromisos con los asegurados,
prefiriéndose para ello las que supongan mayor liquidez y suficiente rentabilidad y
garantía.
Las inversiones se notificarán a la autoridad de control y podrán
realizarse en los siguientes bienes:
a) Títulos públicos o garantizados por el Estado;
b) Cédulas hipotecarias y otros valores emitidos por bancos y demás
entidades financieras autorizadas;
c) Acciones y otros valores cotizables en el mercado o en la bolsa
emitidos por sociedades anónimas nacionales, excepto las de seguros y capitalización;
d) Inmuebles situados en el país;
e) Préstamos hipotecarios de primer rango sobre inmuebles situados en
el país;
f) Acciones de empresas de similar naturaleza en el exterior, previa
autorización de la Autoridad de Control;
g) Préstamos sobre la póliza en la medida reclamada por sus
asegurados de vida y de acuerdo con las estipulaciones de las mismas; y,
h) Otros tipos de inversiones aceptadas por la Autoridad de Control.
La Autoridad de Control podrá impugnar las inversiones hechas en
bienes que no reúnan las características de liquidez, rentabilidad y garantía, o cuyo
precio de adquisición sea superior a su valor de realización. En este último caso, la
Superintendencia de Seguros dispondrá las medidas conducentes a que dicha inversión
registre en el balance un valor equivalente al de su realización según el precio
corriente en el mercado.
Artículo 23.- Las empresas de seguros especificarán
en un libro rubricado, del cual presentarán copia jurada a la Autoridad de Control,
cuáles son los bienes que corresponden:
a) A las reservas matemáticas netas de gastos de adquisición por
amortizar y fondos de acumulación de beneficios correspondientes a los seguros de vida y
de rentas vitalicias a la fecha; y,
b) A las provisiones de riesgos en curso y demás reservas establecidas
por esta ley correspondientes a los seguros patrimoniales.
Los informes serán presentados mensualmente para los que corresponden
al inciso a) y trimestralmente para los del inciso b).
Las empresas de seguros no podrán constituir sobre los bienes
indicados en el inc. a) de este Artículo derecho real alguno y deberán mantenerlos libres
de todo gravamen y restricción de dominio.
Si las inversiones representativas de las reservas técnicas se vieren
afectadas en la forma señalada precedentemente, no podrán ser consideradas como
representativas de reservas técnicas.
Los activos correspondientes al ramo vida, quedan en virtud de esta ley
afectados con un privilegio especial para responder en primer término al derecho de los
respectivos asegurados.
Para disponer de los activos correspondientes a las reservas del ramo
vida la empresa comunicará a la Autoridad de Control el destino de los mismos, salvo que
se refieran a operaciones inherentes a los contratos suscritos.
Artículo 24.- La Autoridad de Control estará facultada para
dictar, si lo estima procedente para la protección de los intereses de los asegurados,
normas de custodia de los títulos y valores mobiliarios que respalden las reservas
técnicas.
Artículo 25.- MARGEN DE SOLVENCIA. Las empresas de seguros, sin
excepción, mantendrán y acreditarán ante la Autoridad de Control, como margen de
solvencia, un patrimonio técnico equivalente, como mínimo, a los montos establecidos por
dicho organismo.
La Autoridad de Control reglamentará, dentro de los sesenta días de
promulgada esta ley, las normas a que deberán ajustarse los aseguradores.
La Autoridad de Control dispondrá el plazo de regularización para
aquellas entidades cuyo margen de solvencia no alcance el mínimo requerido, conforme a
las prescripciones del Artículo 35 de esta ley.
Artículo 26.- FONDO DE GARANTÍA. Las empresas de seguro
constituirán un fondo de garantía, que no podrá ser inferior a un treinta por ciento
del patrimonio propio no comprometido.
Artículo 27.- TASA DE INTERÉS. En los seguros de vida, las
reservas matemáticas y los préstamos sobre la póliza se calcularán a tasas de interés
de mercado.
Artículo 28.- INFORME SOBRE EL ESTADO DEL ASEGURADOR. Los
aseguradores pondrán a disposición de los asegurados y de cualquier interesado que lo
solicite, la memoria, el balance general, la cuenta de resultados de ganancias y pérdidas
e informe de los síndicos.
SECCIÓN VI
RÉGIMEN DE CONTABILIDAD
Artículo 29.- SISTEMA DE CONTABILIDAD E INFORMACIONES. La
Autoridad de Control dispondrá la adopción de un sistema claro y uniforme de
contabilidad e informaciones y fijará normas para la evaluación y amortización de los
bienes de las aseguradoras, de modo que el activo y el pasivo reflejen los valores
verdaderos y que la cuenta "Pérdidas y Ganancias" evidencie los resultados
exactos de la explotación.
Las empresas de seguros que operan en el país deberán llevar su
contabilidad legal en idioma español, así como también la documentación completa de
sus operaciones.
Deben conservar la documentación pertinente por un plazo mínimo de
cinco años vencidos, salvo aquellos documentos que instrumenten obligaciones por mayor
tiempo, en cuyo caso deberán conservarlos por un plazo de diez años.
Artículo 30.- INFORMES TRIMESTRALES. Las empresas de seguros
remitirán trimestralmente a la Autoridad de Control, dentro de los primeros veinte días
del mes siguiente, un estado detallado de sus operaciones, en la forma prescrita por la
Autoridad de Control y suministrarán además cualquier información aclaratoria o
ampliatoria que se les requiriese. Estos informes serán firmados por las personas de las
empresas de seguros debidamente autorizadas para el efecto.
Artículo 31.- EJERCICIO FINANCIERO. El ejercicio financiero anual
de las empresas de seguros será cerrado el 30 de junio de cada año. La asamblea general
ordinaria respectiva se celebrará dentro de los cuatro meses siguientes.
Artículo 32.- BALANCE ANUAL DE LAS EMPRESAS. Las empresas de
seguros sometidas a esta ley presentarán anualmente a la Autoridad de Control, con una
anticipación no menor de treinta días a la celebración de la asamblea, en los
formularios que aquélla prescriba, la memoria, balance general, cuenta de pérdidas y
ganancias, e informe del síndico, acompañados de dictamen de un auditor externo, sin
relación de dependencia y debidamente inscripto en el registro que llevará la Autoridad
de Control.
Las sucursales de las empresas extranjeras presentarán además
anualmente a la Autoridad de Control copia autenticada de la memoria, balance general y el
estado de la cuenta pérdidas y ganancias de su casa matriz, mostrando las operaciones de
la empresa en su conjunto.
Artículo 33.- OBJECIONES AL BALANCE. La Autoridad de Control
podrá objetar el balance. Cuando las observaciones tengan por resultado suprimir o
disminuir las utilidades del ejercicio, podrá disponer hasta cinco días antes de la
realización de la asamblea que se suspenda o limite correlativamente su distribución.
Artículo 34.- PUBLICACIÓN DE LOS BALANCES. La Autoridad de
Control dictará las normas a las cuales las empresas de seguro deberán ajustarse para la
publicación de sus balances.
Las empresas de seguros quedan obligadas a remitir a la Autoridad de
Control un ejemplar del diario que contenga el balance publicado, dentro del término de
siete días hábiles de su publicación.
Artículo 35.- PÉRDIDA PARCIAL DEL PATRIMONIO PROPIO. La Autoridad
de Control vigilará el mantenimiento del patrimonio propio de las empresas de seguros, en
relación a lo exigido por el margen de solvencia. A este efecto, la Autoridad de Control
reglamentará la periodicidad de la remisión de los datos pertinentes por las empresas de
seguros.
Cuando la pérdida parcial alcance el treinta por ciento del patrimonio
propio exigido por el margen de solvencia, la Autoridad de Control deberá disponer la
suspensión de emisión de pólizas, hasta que sea reintegrado el mismo, en un plazo que
no podrá exceder de ciento ochenta días corridos. Vencido el plazo sin que la empresa
dé cumplimiento a la restitución del patrimonio propio exigido, la autoridad de control
le retirará la autorización para operar.
SECCIÓN VII
RÉGIMEN DE FUSIÓN, TRANSFERENCIA DE CARTERA, INTERVENCIÓN
Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS
Artículo 36.- FUSIÓN. La fusión de dos o más empresas de
seguros podrá realizarse:
a) Por disolución sin liquidación de cada una de ellas para formar
una nueva, a la que se transferirá el patrimonio de todas haciéndose cargo de sus
derechos y obligaciones; o
b) Por incorporación de una o más empresas a otra existente, a la que
se transferirá la totalidad de los derechos y obligaciones de las sociedades disueltas.
Artículo 37.- Las empresas de seguros presentarán a la Autoridad
de Control una solicitud conjunta de fusión, acompañando los siguientes recaudos:
a) Copias de las resoluciones de las respectivas asambleas de
accionistas acordando la fusión;
b) Proyecto de escritura de fusión y estatutos; y,
c) Plan financiero de fusión, que incluirá las bases de los activos,
pasivos, capital y reservas de la nueva empresa o la que subsista.
La Autoridad de Control podrá requerir los datos e informaciones
complementarios que juzgue necesarios.
La autoridad de control autorizará o denegará la fusión dentro del
plazo de sesenta días, transcurridos los cuales sin objeción, ella quedará
automáticamente aprobada.
Artículo 38.- Las empresas comprendidas en la fusión están
obligadas a publicar con suficiente destaque en uno de los diarios de mayor circulación
de la capital, la autorización expresa o tácita de la fusión dentro de los quince días
siguientes. Las fusiones estarán exentas del Impuesto al Valor Agregado y a los Actos y
Documentos.
Artículo 39.- TRANSFERENCIA DE CARTERA. Las empresas de seguros
podrán transferir total o parcialmente su cartera, con la autorización previa de la
Autoridad de Control.
A este efecto, las empresas interesadas deberán presentar a la
Autoridad de Control el convenio proyectado, así como sus estados financieros más
recientes y los demás datos adicionales que les sean solicitados por dicha autoridad. Las
transferencias de carteras estarán exentas del Impuesto al Valor Agregado y a los Actos y
Documentos.
Artículo 40.- La empresa receptora de la cartera debe estar
autorizada a operar en la sección o las secciones de seguros de cuya transferencia se
hará cargo, tener capacidad financiera y reunir las condiciones técnicas necesarias,
incluyendo la aceptación del o los reaseguradores.
Asimismo, debe constituir las reservas correspondientes a los contratos
de seguros que hubieren asumido a partir de la fecha estipulada en el convenio de
transferencia.
Artículo 41.- Las empresas interesadas en la transferencia de
cartera, pondrán en conocimiento de los asegurados el convenio proyectado, mediante la
publicación de avisos con suficiente destaque en un diario de gran circulación de la
Capital por quince veces en el plazo de treinta días. Los asegurados deberán manifestar
su disconformidad con la transferencia dentro del término de diez días posteriores a la
última publicación.
Los asegurados disconformes con la transferencia de cartera que
hubiesen formulado oposición en término, tendrán derecho a rescindir el contrato,
exigiendo cuando se trate de seguros del ramo de vida, la devolución de las reservas
matemáticas calculadas al día de la rescisión y de la participación de las utilidades
y/o en los fondos de acumulación, si correspondiere.
Cuando se trate de seguros de renta vitalicia, el asegurado podrá
optar por la transferencia de dicha cobertura a otra empresa de su elección. En los
seguros elementales, el asegurado tendrá derecho a exigir la devolución de la parte de
la prima proporcional al tiempo o riesgo no corrido, conforme a las prescripciones del
Código Civil.
Artículo 42.- Autorizado el convenio de transferencia por la
Autoridad de Control, sus estipulaciones obligarán a las empresas de seguros afectadas y
a los asegurados que no hayan manifestado disconformidad.
Artículo 43.- INTERVENCIÓN. Si de las resultas de un sumario
administrativo se comprobasen graves irregularidades en las operaciones de una empresa
aseguradora, la Autoridad de Control dispondrá de inmediato y por resolución fundada, la
intervención de la misma, a fin de regularizar la causa que le dio origen.
La intervención cesará, mediando resolución expresa, una vez que
esas causas desaparezcan. Los interventores serán funcionarios de la Autoridad de Control
y serán responsables por los actos que realicen en el uso de sus facultades.
La empresa intervenida deberá designar ante la intervención un
representante, para tomar conocimiento de los actos que realicen los interventores.
Artículo 44.- LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA. Las empresas de seguros,
excepto aquellas que tengan contratos de seguros cuyas obligaciones consistan en el pago
de prestaciones periódicas futuras y mientras subsistan dichas obligaciones emanadas de
sus contratos, podrán solicitar de la Autoridad de Control la autorización
correspondiente para proceder a su liquidación voluntaria.
Para el efecto, acompañarán a la constancia del acuerdo adoptado por
las autoridades competentes de la empresa aseguradora el proyecto de liquidación
voluntaria.
No podrán ser autorizadas por la Autoridad de Control aquellas
empresas que se hallen en situación de intervención, de liquidación forzosa,
convocatoria de acreedores o quiebra.
Artículo 45.- Concedida la autorización, la Autoridad de Control
designará un fiscalizador de entre sus funcionarios, quien supervisará, bajo su
responsabilidad, la actuación del o de los liquidadores nombrados por la empresa en
liquidación.
Artículo 46.- La liquidación voluntaria será publicada
obligatoriamente por la empresa en liquidación con suficiente destaque, en uno de los
diarios de mayor circulación de la Capital durante los quince días siguientes a la fecha
de la autorización.
Artículo 47.- Concluida la liquidación voluntaria de la empresa,
la Autoridad de Control solicitará el retiro de la Personería Jurídica si se trata de
una empresa nacional, o revocará la autorización para operar en el país, si se trata de
una sucursal de empresa extranjera.
Artículo 48.- LIQUIDACIÓN FORZOSA. Las empresas de seguros no
podrán solicitar su convocatoria de acreedores ni su quiebra, ni los terceros podrán
pedirla, sino a través de la Autoridad de Control, por el procedimiento aquí previsto.
La liquidación forzosa tendrá lugar en los casos previstos en el
Código Civil, en la Ley de Quiebras, o cuando a criterio de la Autoridad de Control sea
imposible restablecer su normal funcionamiento, debido a su insolvencia.
Artículo 49.- Revelada su insolvencia la Autoridad de Control:
a) Comunicará la situación al Juez de Quiebras, quien deberá dar
cumplimiento a lo previsto en la
Ley Nº 154 del 13 de diciembre de 1969 "Que
sanciona la Ley de Quiebras"; y
b) Designará liquidador o liquidadores, quienes conjuntamente con el
Síndico designado tendrán facultades suficientes para realizar todos los actos
jurídicos que se requieran a tal fin. En uso de sus atribuciones el o los liquidadores,
con autorización del Juez, podrán promover las acciones civiles o penales que
correspondan a la empresa en liquidación forzosa.
El o los liquidadores serán funcionarios de la Autoridad de Control y
no percibirán remuneración extraordinaria por esas funciones.
Artículo 50.- Los acreedores serán citados por edictos, conforme
a las disposiciones de la Ley de Quiebras, y los liquidadores fiscalizarán la validez de
los créditos, conforme a las constancias obrantes en los archivos y documentos de la
empresa.
A los efectos de la liquidación, previa autorización del Juez, los
liquidadores podrán enajenar los bienes de la empresa en liquidación forzosa.
Artículo 51.- Si durante el procedimiento de liquidación forzosa
se comprobara la existencia de irregularidades que presuntivamente constituyan delito, el
Juez interviniente, de oficio o a petición de la Autoridad de Control, remitirá los
antecedentes del caso a las autoridades judiciales competentes.
Artículo 52.- Se presumirá que la quiebra es culpable si las
provisiones técnicas y el patrimonio propio de riesgo de la empresa no se hubieren
constituido conforme a las normas legales y a las instrucciones impartidas por la
Autoridad de Control, o en los casos que estando debidamente constituidas, las inversiones
representativas de estas reservas no se hubieren valorizado conforme a las normas
impartidas por la Autoridad de Control, siempre que a consecuencia de este hecho se
determine que, a la fecha de la quiebra, no habría podido satisfacer el cumplimiento de
las obligaciones provenientes de los contratos de seguros respectivos. El liquidador
deberá expresar esta circunstancia en el proceso de calificación.
Artículo 53.- En la quiebra o liquidación de una empresa del
segundo grupo, que en su cartera tenga contratos de seguros cuyas obligaciones consistan
en el pago de prestaciones periódicas futuras ya reconocidas o que se reconozcan, el
liquidador podrá pagar dichas prestaciones, sin necesidad de verificación previa en su
caso, con cargo a las inversiones que respalden las reservas técnicas hasta un período
de doce meses, contados desde la fecha que asumió la liquidación.
El total de las reservas matemáticas y de siniestros remanentes luego
de practicada la liquidación, será distribuido en forma proporcional a dichos contratos,
deduciéndose los pagos ya realizados por el liquidador en concepto de las mencionadas
prestaciones.
Las remesas por siniestros provenientes de reaseguros beneficiarán a
los asegurados cuyos créditos por esos siniestros se pagan y tendrán preferencia sobre
cualesquiera otros que se ejercieren en contra del asegurador, sin perjuicio de contribuir
a los gastos de administración de la liquidación o quiebra.
En cada uno de los procedimientos contemplados, las autoridades
judiciales o administrativas deberán velar fundamentalmente por los intereses de los
asegurados.
Artículo 54.- Concluida la liquidación forzosa de la empresa, la
Autoridad de Control solicitará del Poder Ejecutivo el retiro de la personería
jurídica, si se trata de una empresa nacional o revocará la autorización para operar en
el país si se trata de una sucursal de empresa extranjera.
Artículo 55.- La liquidación forzosa de una empresa de seguros
deberá ser publicada en dos diarios de gran circulación de la Capital, conforme a los
términos y plazos que se establezcan en la resolución judicial.
CAPITULO II
DE LA AUTORIDAD DE CONTROLO
Artículo 56.- SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS. Créase la
Superintendencia de Seguros como autoridad de control de todos los entes de seguros y
reaseguros, la que se organizará y tendrá las atribuciones que determina esta ley.
La Superintendencia de Seguros dependerá del Directorio del Banco
Central del Paraguay, pero gozará de autonomía funcional y administrativa en el
ejercicio de sus funciones.
Artículo 57.- SUPERINTENDENTE DE SEGUROS. La Superintendencia de
Seguros actuará bajo la dirección del Superintendente de Seguros, quien será designado
por el Poder Ejecutivo de una terna de candidatos surgidos de un concurso de méritos y
aptitudes presentados por el directorio del Banco Central del Paraguay.
Durará cinco años en sus funciones, pudiendo ser reelecto por un
período más.
Artículo 58.- El Superintendente de Seguros deberá ser paraguayo,
mayor de treinta años de edad, de reconocida honorabilidad, con título universitario y
de probada idoneidad en materia de seguros.
Artículo 59.- CESANTÍA. El Superintendente de Seguros cesará en
su cargo:
a) Por expiración del período de su designación;
b) Por renuncia presentada al Poder Ejecutivo con comunicación al
directorio del Banco Central del Paraguay; y,
c) Por decisión del Poder Ejecutivo, previa petición del directorio
del Banco Central del Paraguay fundada en:
1) Mal desempeño de sus funciones, o
2) Comisión de delitos comunes.
Artículo 60.- INCOMPATIBILIDADES. Rigen para este funcionario las
mismas condiciones establecidas e incompatibilidades enumeradas en la Carta Orgánica del
Banco Central del Paraguay para el Superintendente de Bancos, salvo las excepciones
establecidas por ley o cuando deriven de su calidad de asegurado. Le está prohibido
igualmente tener interés directo o indirecto en las actividades o remuneraciones de los
auxiliares de seguros.
Artículo 61.- OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES. El Superintendente de
Seguros tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones, sin perjuicio de otras que
estipule la ley:
a) Ejercer las funciones de inspección y supervisión que esta ley y
las resoluciones dictadas por el directorio del Banco Central del Paraguay asignan a la
autoridad de control;
b) Dictar las resoluciones de carácter general en los casos previstos
por esta ley y las que sean necesarias para su aplicación;
c) Fiscalizar las empresas de seguros, hacer arqueos, pedir la
ejecución y presentación de balances y otros estados financieros e informes en las
fechas que estime conveniente, revisar sus libros y sus carteras y en general, solicitar
todos los datos y antecedentes que le permitan interiorizarse de su estado, desarrollo y
solvencia y de la forma en que cumplen las prescripciones de esta y de las demás leyes
vigentes;
d) Clasificar las empresas de seguro en base a parámetros que surjan
del análisis del margen de solvencia de cada una de ellas, y publicar esa clasificación
inexcusablemente en forma bimestral en dos diarios de gran circulación de la capital;
e) Fiscalizar, con exclusividad, conforme lo expresa el
Artículo 31 de la Ley Nº 489 del Banco Central del
Paraguay, el cumplimiento de las leyes de carácter impositivo por parte de las empresas
de seguros;
f) El Superintendente, por sí o por delegados, podrá asistir a las
Asambleas de Accionistas de las empresas de seguros, en la que tendrá voz;
g) Asumir la función de Interventor de una empresa de seguro en los
casos previstos en esta ley y, especialmente, cuando de conformidad con lo dispuesto en
los incisos c) y d), del Artículo108 se decrete su suspensión o le sea revocada la
autorización para operar en el país.
La intervención podrá ser delegada por el Superintendente en uno o
más funcionarios de la planta directiva, profesional o técnica de la Autoridad de
Control;
h) Mantener un registro de uso público en el que se disponga de los
modelos de los textos de las pólizas, las modificaciones y cláusulas adicionales que se
contraten en el mercado, no pudiendo las empresas aseguradoras contratar con modelos que
no hubieren sido previamente registrados en la Autoridad de Control, salvo que se trate de
pólizas con cláusulas de riesgos muy específicos, las que podrán ser registradas luego
de la emisión. La Autoridad de Control podrá rechazar los modelos a ella remitidos
dentro de los treinta días hábiles y no los inscribirá en su registro, cuando contengan
cláusulas que se opongan a las prescripciones legales o induzcan a error a los
asegurados. Del mismo modo, mediante resolución fundada, podrá eliminar de sus registros
los modelos ya inscriptos o disponer su modificación.
La Autoridad de Control podrá fijar, mediante norma de aplicación
general, las disposiciones mínimas que deberán contener las pólizas;
i) Comprobar la exactitud de las provisiones técnicas constituidas por
las empresas, de acuerdo con las normas de carácter general que dicte la Autoridad de
Control, como asimismo, la exactitud de los balances, otros estados financieros, sus
cuentas componentes y demás antecedentes solicitados por ésta, de conformidad con los
estatutos, leyes y reglamentos vigentes, aprobándolos, disponiendo su rectificación
inmediata u ordenando las modificaciones que fueren necesarias incorporar en los próximos
balances, estados financieros o informes;
j) Mantener un registro de los auxiliares de seguros en el que deberán
inscribirse quienes deseen desarrollar la actividad de agente de seguros, de corredor de
seguros o de liquidador de siniestros;
k) Establecer, mediante normas de carácter general, disposiciones
sobre la información que las empresas deberán proporcionar al público respecto de la
situación de sus activos y pasivos, en lo referente al plazo, reajustabilidad y tipo de
moneda en que éstos se encuentran y cualquier otra información;
l) Realizar anualmente la estadística consolidada de las operaciones
de seguros y reaseguros que efectúen las empresas, confeccionar las listas de los
corredores de seguros y reaseguros, de los liquidadores de siniestros y de las empresas de
seguros y de reaseguros autorizadas a operar en el país;
m) Establecer mediante normas de carácter general, las exigencias
técnicas y patrimoniales que deberán cumplir tanto los intermediarios de seguros y
reaseguros, como los liquidadores de siniestros para desempeñarse como tales, dictando
asimismo, las normas por las cuales deben regirse la intermediación y la contratación de
seguros y la liquidación de siniestros;
n) Preparar el Anteproyecto de Presupuesto anual de gastos de la
Superintendencia de Seguros, el cual deberá ser aprobado por el Directorio del Banco
Central del Paraguay y que formará parte del presupuesto anual del mencionado Banco.
La rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria de la
Superintendencia de Seguros se realizará al Directorio del Banco Central del Paraguay;
ñ) Proponer al Directorio del Banco Central del Paraguay, de
conformidad con las normas de contratación del personal, el nombramiento, promoción,
remoción o traslado del personal necesario para el desempeño de sus funciones y aplicar
las penas disciplinarias de acuerdo con el estatuto del personal;
o) Llevar un registro de profesionales autorizados para actuar en
carácter de auditores externos;
p) Instruir sumarios y llevar un registro de sanciones en el que se
consignarán las que se apliquen de conformidad con el régimen previsto en el
Artículo108 y siguientes;
q) Cuando a juicio de la Autoridad de Control existan fundados indicios
de que cualquier persona natural o jurídica actúe en contravención a lo dispuesto por
esta ley y sus reglamentaciones, iniciará de oficio las averiguaciones del caso, a cuyo
efecto podrá solicitar autorización judicial para inspeccionar los registros contables,
documentos, papeles y recaudos que guarden relación con la investigación;
r) Informar al Directorio del Banco Central del Paraguay, en el más
breve plazo sobre cualquier irregularidad observada y de las medidas adoptadas para
subsanarlas;
s) Informar por escrito a las personas jurídicas o naturales
supervisadas, el resultado de las inspecciones practicadas, puntualizando las
irregularidades, deficiencias o incorrecciones verificadas, requiriéndolos formalmente a
promover la adopción de las medidas correctivas para la regularización correspondiente,
en los plazos y condiciones que estime convenientes;
t) Fijar normas de contabilidad y valoración a utilizar y los
requisitos mínimos de información financiera a terceros por parte de los administradores
de las entidades sometidas a su supervisión y los requerimientos de información a
remitir periódica o esporádicamente a la Autoridad de Control;
u) Ejercer las demás funciones y facultades, de conformidad a las
disposiciones legales pertinentes y a las resoluciones del Banco Central del Paraguay; y,
v) Estudiar las condiciones económicas del país en relación con la
actividad aseguradora y poner en conocimiento del Poder Ejecutivo y organismos estatales
competentes, los informes obtenidos, sus conclusiones y recomendaciones.
SECCIÓN II
DEL CONSEJO CONSULTIVO DEL SEGURO
Artículo 62.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES. Créase el Consejo
Consultivo del Seguro integrado por cuatro consejeros titulares y cuatro suplentes
designados a saber: dos por la(s) asociación(es) de empresas de seguros, uno por
la(s) asociación(es) de agentes productores y corredores de seguros y uno por
la(s) asociación(es) de liquidadores de siniestros. El Consejo Consultivo del Seguro tendrá
las siguientes atribuciones:
a) Emitir opinión sobre los siguientes asuntos que le sean consultados
por la Autoridad de Control, salvo las de carácter urgente. Estas últimas deberán ser
puestas luego en conocimiento del Consejo, para que éste dé su opinión al respecto:
1) Proyectos de leyes, decretos o resoluciones generales aplicables a
las empresas aseguradoras o los auxiliares del seguro;
2) Normas para la determinación del sistema de contabilidad, modelos
de balances y estadísticas; y,
3) Cuestiones de orden general que se susciten y respecto de las cuales
sea conveniente, a juicio de la Autoridad de Control, conocer su criterio.
b) someter a la consideración de la Autoridad de Control, iniciativas
tendientes a promover el perfeccionamiento del seguro en sus diversos aspectos.
Artículo 63.- DESIGNACIÓN. En la oportunidad que corresponda, la
Autoridad de Control designará para integrar el Consejo Consultivo del Seguro a las
personas propuestas por las organizaciones representativas de las empresas de seguros, de
los corredores de seguros y de los liquidadores de siniestros. La falta de designación de
consejeros, porque sus respectivas organizaciones omitieran proponerlos, no impedirá el
funcionamiento del Consejo Consultivo del Seguro.
Artículo 64.- REQUISITOS. Para ser miembro del Consejo Consultivo
del Seguro se requiere ser persona de conocida experiencia y conocimientos en el ámbito
del ramo o sector a quien representa y estar vinculado al ejercicio de las actividades
asegurativas.
Los cargos de los Consejeros titulares y suplentes son honorarios.
Artículo 65.- DURACIÓN EN EL CARGO. El período de mandato de los
Consejeros se inicia el primero de julio del año que corresponda y ellos durarán dos
años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos por un período más.
Artículo 66.- FUNCIONAMIENTO. El Consejo Consultivo del Seguro se
reunirá ordinariamente los días y horas que fije, debiendo hacerlo además cuando la
Autoridad de Control lo considere necesario o cuando lo solicite la mayoría de sus
miembros.
Las reuniones se realizarán en la sede de la Autoridad de Control con
la presencia de por lo menos tres consejeros titulares y el Superintendente. Un resumen de
las manifestaciones o juicios emitidos durante la reunión serán asentados en las actas y
se considerarán como opiniones del Consejo cuando la mayoría de los consejeros presentes
se hubiera expresado en un mismo sentido.
En los anteproyectos de leyes o decretos que la Autoridad de Control
eleve para la consideración del Poder Ejecutivo, se hará constar la opinión que al
respecto hubiese dado el Consejo Consultivo del Seguro.
SECCIÓN III
ALLANAMIENTO Y AUXILIO DE LA FUERZA PUBLICA
Artículo 67.- PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. La
Autoridad de Control podrá requerir órdenes judiciales de allanamiento, de auxilio de la
fuerza pública y de secuestro de documentos que juzgue conducentes para el cumplimiento
de sus tareas de fiscalización, labrándose un acta con la relación de los documentos
secuestrados.
Artículo 68.- INFORMACIONES PERIÓDICAS. Además de las
informaciones periódicas previstas por esta ley, que las entidades sujetas a su control
deben suministrar, la Autoridad de Control puede requerir otras que juzgue necesarias para
el cumplimiento de su cometido.
Artículo 69.- SECRETO DE LAS ACTUACIONES. Los funcionarios y
empleados de la Autoridad de Control están obligados a conservar, dentro y fuera del
desempeño de sus funciones, el secreto de las actuaciones.
CAPITULO III
SECCIÓN I
DE LOS AUXILIARES DEL SEGURO
Artículo 70.- La intermediación en la contratación de
seguros, a excepción de los seguros directos, sólo podrá ser ejercida por los agentes y
corredores de seguros matriculados en el registro que llevará la autoridad de control.
Artículo 71.- Podrán matricularse como agentes de seguros las
personas naturales que demuestren idoneidad para el ejercicio de sus funciones de
intermediación, en la forma que determine la autoridad de control.
Artículo 72.- Podrán matricularse como corredores de seguros las
personas jurídicas cuyos administradores y representantes legales demuestren idoneidad
para el ejercicio de sus funciones de intermediación, en la forma que determine la
autoridad de control.
Artículo 73.- La matrícula habilitante indicará los ramos de
seguros en que se los autoriza a intermediar, la que se mantendrá en vigencia conforme a
los reglamentos de esta ley.
Artículo 74.- No podrán ejercer la función de agentes o
corredores de seguros:
a) Los funcionarios o empleados de la Autoridad de Control;
b) Los funcionarios o empleados públicos o de instituciones
descentralizadas dependientes del Estado o sus organismos;
c) Los síndicos, los miembros del directorio, los inspectores de
riesgos e inspectores de siniestros, de las empresas aseguradoras del país;
d) Los extranjeros no residentes en el país;
e) Los liquidadores de siniestros; y,
f) En general, cualquier persona natural o jurídica, incursa en
inhabilidades legales para ejercer el comercio y los sancionados por la Autoridad de
Control con la cancelación de su inscripción en alguno de los registros que ésta lleva,
o los que hayan sido administradores, directores o representantes legales de una persona
jurídica sancionada de igual forma, a no ser que hayan salvado su responsabilidad en la
forma que prescribe la ley o acrediten no haber tenido participación en los actos que la
motivaron.
Artículo 75.- Queda prohibido a los agentes y corredores de
seguros hacer todo acto, exposición o sugestión destinado a engañar o extraviar el
criterio de un contratante, sobre las condiciones y modalidades de la póliza que ofrece,
o sobre la empresa emisora, como así también todo examen o comparación incompleto entre
dos o más pólizas.
Queda igualmente prohibida toda maniobra que induzca o pueda inducir a
error a un contratante con el objeto de que anule, abandone, ceda por efectivo, por seguro
saldado o a término, o en cualquier otra forma provoque la caducidad de su póliza, a fin
de celebrar un nuevo contrato.
Artículo 76.- El agente o el corredor de seguros debe proponer por
escrito, bajo su firma, las operaciones de seguros en que intermedie, entregando la
propuesta, que formará parte de la póliza, a la empresa aseguradora.
Les está prohibido completar sus propuestas con apéndices o anexos
que no hayan firmado.
Artículo 77.- Los agentes y corredores de seguros no responderán
ni podrán constituirse en responsables de la solvencia de los contratantes.
Artículo 78.- REMUNERACIONES. Los agentes y los corredores de
seguros percibirán las remuneraciones que acuerden con el asegurador .
Artículo 79.- DERECHO A PERCIBIR LA COMISIÓN. El derecho de los
agentes y corredores de seguros a cobrar la comisión se adquiere cuando la empresa
aseguradora perciba efectivamente el importe de la prima. En caso de modificación o
rescisión del contrato de seguros que dé lugar a devoluciones de prima, corresponderá
la devolución proporcional de la comisión percibida por el agente o el corredor de
seguros. Se asimila el pago efectivo de la prima a la compensación de obligaciones
existentes entre la empresa aseguradora y el asegurado. No se considerará pago efectivo
la entrega de pagarés y cualquier otra promesa u orden de pago hasta tanto las primas no
hayan sido canceladas.
Artículo 80.- Las comisiones que correspondan a los agentes de
seguros y corredores de seguros por su intermediación en la contratación de seguros, ya
sean de primer año o de renovación, son intransferibles, salvo autorización expresa de
los mismos.
El agente de seguros y el corredor de seguros podrá dejar de percibir
sus comisiones cuando lo pida en forma expresa el asegurado porque éste desee cambiar de
intermediario, o contratar el seguro con otra empresa aseguradora.
El pago de estas comisiones se regirá por contrato privado entre las
empresas aseguradoras y los intermediarios, y si existiesen disposiciones generales de la
Autoridad de Control sobre pago de comisiones, dichos contratos deberán adecuarse.
Artículo 81.- Las empresas de seguros remitirán a la Autoridad de
Control, en la forma que ella prescriba, una nómina de los agentes y corredores de
seguros que operen con ellas, indicando el número de operaciones de seguros intermediados
por cada uno de ellos, el correspondiente capital asegurado por secciones de seguro, la
prima y el monto de las comisiones que les correspondan a los corredores de seguros.
Artículo 82.- PERSONAS NO INSCRIPTAS. Las personas no registradas
en la Autoridad de Control como agentes de seguros o corredores de seguros no tendrán
derecho a percibir comisión alguna por sus gestiones de intermediación en la
contratación de seguros.
SECCIÓN II
DE LOS LIQUIDADORES DE SINIESTROS
Artículo 83.- DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES. La
liquidación de los siniestros amparados por un seguro podrán practicarla las empresas
directamente o encomendarla a un liquidador registrado en la Superintendencia, salvo las
excepciones legales. Sin embargo, el asegurado o beneficiario del seguro podrá pedir, en
la forma y plazo que establezca el reglamento, que la liquidación la realice un
liquidador registrado.
La liquidación del siniestro tiene por fin básicamente determinar la
ocurrencia del siniestro, si el riesgo está bajo cobertura de una empresa determinada y
el monto de la indemnización a pagar; todo ello de conformidad con el procedimiento que
establezca el reglamento.
Artículo 84.- Para inscribirse como liquidador de siniestros se
requiere:
a) Reunir los requisitos descritos en el Artículo 70, y no encontrarse
en las circunstancias señaladas en los incisos a), b), c) y d) del Artículo 74;
b) Deberán acreditar la contratación de una póliza de seguro de
fianza, por un monto que determine la Autoridad de Control, para responder del correcto y
cabal cumplimiento de todas las obligaciones inherentes a su actividad;
c) No ser martillero público, agente de aduanas, corredor de seguros,
director, gerente, apoderado o trabajador de alguno de éstos o de una empresa aseguradora
o reaseguradora; y,
d) Tratándose de personas jurídicas, haberse constituido legalmente
en el país con este objeto específico y reunir sus administradores y representantes
legales los requisitos exigidos para los demás liquidadores.
Artículo 85.- Son obligaciones de los liquidadores:
a) Investigar las circunstancias del siniestro;
b) Determinar el valor del objeto asegurado a la época del siniestro,
el monto de los perjuicios y la suma que eventualmente corresponda indemnizar, informando
fundadamente al asegurador y al asegurado la procedencia o rechazo de la indemnización;
c) Proponer a las partes las medidas urgentes que se deban adoptar para
evitar que se aumenten los daños y llevarlas a cabo previa autorización escrita del
propietario o responsable de los bienes siniestrados, sin perjuicio de las obligaciones
del asegurado; y,
d) Las demás que establezca el reglamento.
En el cumplimiento de sus obligaciones los Liquidadores responderán
hasta de la culpa leve.
Artículo 86.- A los liquidadores les queda prohibido:
a) Practicar liquidaciones en las cuales tengan interés en razón de
parentesco o de su relación con las personas afectadas o con la propiedad de los bienes
siniestrados, de acuerdo al reglamento; y,
b) Percibir directa o indirectamente beneficios económicos del
asegurador, del asegurado o de terceros, distintos de sus honorarios profesionales.
Tampoco podrá retener para sí o adjudicar a terceras personas, salvo
autorización expresa, los bienes o productos del recupero que hubieren practicado.
Artículo 87.- El pago de honorarios a los liquidadores de
siniestros será pactado libremente por las partes.
Artículo 88.- Los liquidadores de siniestros del exterior
designados para intervenir en la verificación y liquidación de siniestros ocurridos en
el país, deberán consorciarse con uno de sus pares nacionales, autorizado por la
Autoridad de Control, bajo pena de nulidad de lo actuado.
Artículo 89.- Los liquidadores de siniestros remitirán a la
Autoridad de Control, en la forma prescrita por ella, un detalle de los peritajes
realizados, indicando el número de ellos, las empresas de seguros afectadas, el monto del
siniestro y el monto de sus honorarios.
Artículo 90.- PERSONAS NO INSCRIPTAS. Las personas naturales y
jurídicas no matriculadas en el registro de la Autoridad de Control como liquidadores de
siniestros, no tienen derecho a percibir honorarios o remuneración alguna por sus tareas
de peritaje. Queda prohibido a las empresas aseguradoras el pago de honorarios o cualquier
otra retribución a dichas personas.
CAPITULO IV
DEL REASEGURO Y CORRETAJE DE REASEGUROS
SECCIÓN I
EMPRESAS REASEGURADORAS Y CONTRATOS DE REASEGUROS
Artículo 91.- CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS REASEGURADORAS. Las
empresas que tengan por objeto dedicarse al reaseguro podrán constituirse en el país
conforme a la reglamentación que para el efecto establecerá la Autoridad de Control. Las
empresas sólo podrán reasegurar riesgos del ramo en el cual están autorizadas a operar.
Artículo 92.- Las empresas reaseguradoras nacionales deberán
integrar y mantener un patrimonio no inferior al equivalente de U$S 2.500.000 (Dos
millones quinientos mil dólares americanos) para cada uno de los grupos en que operen.
Si durante el funcionamiento dicho patrimonio se redujese a una
cantidad inferior, la entidad está obligada a completarlo conforme a lo dispuesto en el
Artículo 35.
Artículo 93.- El reaseguro no altera en nada el contrato celebrado
entre el asegurador directo y el asegurado, y en caso de siniestro, no podrá diferirse el
pago so pretexto del reaseguro.
Artículo 94.- Las cuestiones litigiosas que se susciten con motivo
de los contratos de seguros directos y reaseguros sujetos a esta ley, serán sometidas a
la jurisdicción paraguaya, siendo nulo todo pacto en contrario, salvo estipulación
diferente de Convenios o Tratados Internacionales.
Artículo 95.- Todos los contratos de reaseguros que celebren las
empresas de seguros se registrarán por ante la Autoridad de Control y será obligación
de ésta controlar la idoneidad y solvencia de las reaseguradoras. La Autoridad de Control
llevará un registro de las reaseguradoras, incluso las del exterior que operen en el
país.
SECCIÓN II
CORRETAJE DE REASEGUROS
Artículo 96.- DERECHO Y OBLIGACIONES DE LOS CORREDORES DE
REASEGUROS. Corredor de reaseguros es la persona natural o jurídica debidamente
autorizada que actúa en los negocios y contratos de reaseguros como intermediario, entre
las empresas aseguradoras y reaseguradoras, percibiendo una comisión por sus servicios.
Artículo 97.- El corredor de reaseguros prestará asesoramiento
técnico a sus clientes, obtendrá coberturas adecuadas a los intereses de los mismos y
actuará dentro de las normas legales y éticas que regulan el funcionamiento del
reaseguro.
No podrá hacer retención alguna por cuenta propia y expedirá notas
de coberturas certificando la colocación y distribución de los riesgos objeto del
reaseguro.
Guardará la mayor reserva profesional sobre las negociaciones en que
intervenga.
Artículo 98.- Los corredores de reaseguros, para actuar como
tales, deberán acreditar la contratación de una póliza de seguro de fianza, por un
monto que determine la Autoridad de Control y que estará en relación a los contratos de
reaseguros celebrados por su intermedio en el país, para responder de sus errores u
omisiones y del correcto y cabal cumplimiento de todas las obligaciones inherentes a su
actividad.
Artículo 99.- La Autoridad de Control queda facultada a
reglamentar los requisitos para la inscripción e investigar la seriedad y responsabilidad
de los corredores de reaseguros y podrá retirar la autorización para intermediar en las
operaciones o contratos de reaseguros, en caso de que no reúnan las condiciones
necesarias.
CAPITULO V
DEL SUMARIO Y LAS PENALIDADES
SECCIÓN I
INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO
Artículo 100.- La instrucción del sumario será ordenada por
el Superintendente de Seguros. El sumario será iniciado en escrito fundado que deberá
contener una relación completa de los hechos, actos u omisiones que se imputen. Con dicho
escrito deberán acompañarse todas las copias para el traslado.
Artículo 101.- El sumario administrativo deberá ser instruido por
un Juez, funcionario de la Autoridad de Control, con título de abogado, designado al
efecto y con intervención del inculpado o su representante legal. El inculpado tendrá
derecho a recusar al Juez sin expresión de causa, por una sola vez.
Artículo 102.- NOTIFICACIÓN. La instrucción del sumario será
notificada directamente al interesado con la firma del mismo en el expediente, o por
cédula en la forma establecida en la ley procesal civil o por telegrama colacionado, en
cuyo caso se tendrá por hecha la notificación en la fecha que se firme la notificación,
se reciba el aviso o la colación, debiendo agregarse al expediente las respectivas
constancias.
En caso de que se ignore el domicilio del sumariado y que éste no
tuviera mandatario registrado en la Dirección General de Registros Públicos, se le
citará a la parte interesada por edictos, que se publicarán cinco días en dos diarios
de gran difusión, bajo apercibimiento de que, en caso de no comparecer dentro del plazo
de treinta días a contar de la última publicación, se proseguirá el procedimiento en
rebeldía.
Artículo 103.- CONTESTACIÓN. El sumariado o los sumariados
dispondrán de un plazo de diez días hábiles para presentar su escrito de defensa,
acompañado de la documentación pertinente y proponiendo las pruebas que hagan a su
derecho.
Artículo 104.- PRUEBA. Las pruebas serán diligenciadas en una
audiencia que el juez instructor fijará dentro de los diez días siguientes al
vencimiento del plazo para presentar el escrito de defensa. No siendo posible producir
todas las pruebas en dicha audiencia, el juez instructor prorrogará la audiencia para el
día siguiente hábil y así sucesivamente hasta que ellas produzcan íntegramente.
Artículo 105° .- ALEGATOS. Cerrado el término probatorio, el
inculpado o inculpados, tendrán cinco días hábiles para presentar un memorial sobre el
mérito de las pruebas producidas y su situación jurídica en general.
Artículo 106.- RESOLUCIÓN. En todos los casos, la resolución
final será dictada en el sumario por el Superintendente de Seguros, dentro de los veinte
días hábiles siguientes a la fecha en que quedó firme la providencia de autos.
Artículo 107.- SOBRESEIMIENTO TÁCITO. Si transcurrido el plazo
previsto en el Artículo anterior no se dicta resolución, se considerará sobreseído el
sumario.
Artículo 108.- PLAZOS. En los sumarios administrativos todos los
plazos serán perentorios y se computarán sólo los días hábiles. Aquellos plazos que
no estuvieren expresamente determinados serán de cinco días hábiles. Los plazos
empezarán a correr desde el día siguiente al de la notificación.
SECCIÓN II
SANCIONES A LAS ENTIDADES DE SEGUROS
Artículo 109.- GRADACIÓN. Las empresas aseguradoras
responsables de contravenciones a la presente ley o los reglamentos que dicte la Autoridad
de Control, serán pasibles de las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento por escrito;
b) Multa, de acuerdo con la gravedad de la falta, hasta un máximo de
un mil jornales mínimos diarios para actividades diversas no especificadas en la Capital,
establecido por el Ministerio de Justicia y Trabajo;
c) Suspensión hasta un año; y,
d) Revocatoria de la Autorización para operar en el país.
Artículo 110.- INICIACIÓN ILEGAL DE LAS OPERACIONES. Los
directores y representantes legales de empresas aseguradoras o reaseguradoras que, sin
hallarse habilitadas legalmente, inicien directa o indirectamente sus operaciones, serán
pasibles, cada uno de ellos, de una multa que será fijada por la Autoridad de Control.
En la misma pena incurrirán las empresas de seguros o reaseguros que
inicien operaciones de seguros en secciones o ramos distintos de los autorizados.
Artículo 111.- INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. Cuando una
empresa de seguros no cumpla sus obligaciones legales o las reglamentarias dictadas por la
Autoridad de Control, de acuerdo a la gravedad, ésta le aplicará las sanciones previstas
en el Artículo109 de esta ley.
En caso de la revocatoria de autorización para operar en el país a
una empresa aseguradora, la Autoridad de Control solicitará el retiro de la personería
jurídica, si se trata de una empresa nacional, o de la autorización para establecerse en
el país, si se trata de una Sucursal de empresa extranjera.
Artículo 112.- OPERACIONES CON MODELOS DE PÓLIZAS NO AUTORIZADOS.
Cuando
una empresa de seguros haya operado con modelos de pólizas no registradas, será, salvo
en los casos previstos en el Artículo61, inciso h), pasible de las sanciones que la
Autoridad de Control le aplique, conforme a lo establecido en el Artículo109.
Artículo 113.- INFORMACIONES INCOMPLETAS O FALSAS. Toda
ocultación maliciosa o información incompleta o falsa suministrada a la Autoridad de
Control, hará pasible a los directores, representantes o funcionarios de la empresa,
responsables de ello, de una multa que será fijada por la Autoridad de Control.
Artículo 114.- REINCIDENCIA. En caso de reiteradas transgresiones
por parte de una empresa aseguradora a las obligaciones que le son impuestas por esta ley
y sus reglamentaciones, la Autoridad de Control podrá:
a) Revocarle la autorización para operar y solicitar el retiro de su
personería jurídica si se trata de una empresa nacional; o,
b) Retirarle la autorización para operar en el país, si se trata de
una sucursal de empresa extranjera.
Artículo 115.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE LAS EMPRESAS. Las
empresas de seguros responden solidariamente por el importe de las multas que se apliquen
a sus directores, representantes, funcionarios o empleados en general.
SECCIÓN III
LAS PENAS Y SU APLICACIÓN
Artículo 116.- PROCEDIMIENTO. Las sanciones previstas en esta
ley serán impuestas por la Autoridad de Control, graduadas conforme a la gravedad de la
infracción.
A excepción de la pena de apercibimiento, las demás deberán
aplicarse previo sumario administrativo, en el que se dará intervención al denunciado.
Artículo 117.- Las resoluciones sobre sanciones dictadas por la
Autoridad de Control serán recurribles ante el Directorio del Banco Central del Paraguay
sin perjuicio de la ulterior acción contencioso-administrativa en los plazos establecidos
por la ley.
Artículo 118.- DEPÓSITO DE LAS MULTAS. El importe de las multas
se depositará en una cuenta habilitada para el efecto en el Banco Central del Paraguay,
dentro de un plazo máximo de quince días a contar de la fecha de la notificación de la
resolución correspondiente o desde que la sentencia del tribunal contencioso
administrativa quede firme y ejecutoriada.
Artículo 119.- Si el depósito de la multa no se efectuare dentro
del plazo fijado por el Artículo anterior, la Autoridad de Control podrá exigir el cobro
por el procedimiento de la ejecución de sentencia, más los intereses punitorios que se
estime según la práctica financiera de plaza.
SECCIÓN IV
SANCIONES A LOS AGENTES, CORREDORES DE SEGUROS Y LIQUIDADORES
DE SINIESTROS
Artículo 120.- GRADACIÓN. Cuando un agente de seguros,
corredor de seguros o liquidador de siniestros no cumpla con sus funciones específicas
definidas en el Capítulo III de esta ley, o infrinja disposiciones legales o
reglamentarias de su competencia, la Autoridad de Control podrá aplicarles las siguientes
sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa, de acuerdo con la gravedad de la falta y a criterio de la
Autoridad de Control;
c) Suspensión desde tres meses hasta un año; y,
d) Cancelación de la matrícula.
Artículo 121.- PERSONAS NO INSCRIPTAS O CON MATRÍCULAS VENCIDAS.
Las
empresas de seguros que operen con agentes de seguros, corredores de seguros o
liquidadores de siniestros que no posean la matrícula habilitante, o con matrícula
vencida, serán pasibles de las sanciones previstas en esta ley.
Artículo 122.- PROCEDIMIENTO. Para la aplicación de las penas
previstas a los agentes de seguros, corredores de seguros y liquidadores de siniestros, se
observará el mismo procedimiento detallado en la Sección II de este Capítulo,
adaptables al caso.
SECCIÓN V
OTRAS SANCIONES
Artículo 123.- LAS ATRIBUCIONES DEL ÓRGANO DE CONTROL. La
Autoridad de Control intervendrá de oficio y una vez comprobada la infracción podrá
aplicar sanciones sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales resultantes
a) Al inspector de riesgos, que haya actuado dolosamente en el
ejercicio de sus funciones;
b) Al tarifador de riesgos, que haya cotizado dolosamente una póliza
de seguro;
c) Al médico, que haya certificado falsamente sobre el estado de salud
de una persona en relación con un contrato de seguro que requiera su intervención
profesional;
d) A los que actúen como intermediarios en la contratación de seguros
con empresas no autorizadas; y,
e) En general, a las personas naturales o jurídicas, que dentro de las
disposiciones de esta ley y sus reglamentaciones, no estén debidamente autorizadas por la
Autoridad de Control a realizar tareas dentro del ámbito asegurador del país.
Artículo 124.- PROCEDIMIENTO. Para la aplicación de las penas a
los infractores citados en el Artículo anterior, se observará el mismo procedimiento
establecido en la Sección II de este Capítulo, adaptables al caso. La Autoridad de
Control deberá llevar un registro cronológico de todas las sanciones impuestas.